Luego de lo sucedido en las elecciones presidenciales en México, que dieron como resultado un control casi absoluto de un solo partido, para los empresarios resulta obligado pensar en lo que está sucediendo, no solo en el país, sino en el mundo entero en términos de política y economía, ya que este entendimiento resulta vital para incorporar nuevos modelos con factores exógenos en los procesos de planeación estratégica.
Conservando el espíritu de mis colaboraciones en este espacio, cabe aclarar que mi punto de vista no es como politólogo o economista, sino como hombre de empresa experto en el campo de los negocios y la tecnología, pues considero que es importante no dejar estos temas como tabú, pues impactan también en la definición de nuestros acciones de negocio, sobre todo pensando en que nuestra generación ha aprendido a jugar con factores de incertidumbre derivados de los rápidos cambios externos derivados de la tecnología, de la economía y ahora de la política.
Por eso creo conveniente hablar de la actual dicotomía entre los modelos autoritarios y las democracias plenas, la cual ha emergido como un tema central en el debate sobre el éxito económico y la sostenibilidad política. Por eso es prácticamente inevitable cuestionarnos si los sistemas democráticos, que promueven valores de justicia y equidad, pueden competir con el aparente éxito macroeconómico de algunos regímenes autoritarios.
¿Signos de tiranía?
Las recientes elecciones en México y la administración de Donald Trump en Estados Unidos destacan esta tensión inherente. México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha intentado equilibrar la justicia social con el crecimiento económico.
AMLO ha implementado políticas sociales ambiciosas, como programas de asistencia social y esfuerzos para reducir la pobreza y la corrupción. Sin embargo, estas políticas han enfrentado críticas tanto por su implementación como por su efectividad. La economía mexicana ha mostrado un crecimiento moderado, pero también ha enfrentado desafíos significativos, incluidos altos niveles de inseguridad y problemas estructurales.
Del otro lado de la frontera norte, la administración de Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos combinó políticas económicas de desregulación y recortes de impuestos con tendencias autoritarias. Trump implementó recortes de impuestos masivos y una desregulación significativa, lo que llevó a un crecimiento económico notable y bajas tasas de desempleo antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas políticas también aumentaron el déficit fiscal y la desigualdad económica.
La administración de Trump fue criticada por atacar a los medios de comunicación, cuestionar la independencia judicial y rechazar los resultados electorales de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Ruptura hegemónica
Estos dos casos son señales de cambio. Pero si queremos entender hacia dónde podrían apuntar estos cambios (probablemente con una apuesta un tanto radical), debemos pensar en países como China y Rusia, potencias económicas, políticas y militares que destacan como ejemplos de regímenes autoritarios que han logrado un notable éxito económico.
China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha combinado un control político estricto con políticas económicas efectivas. Este modelo ha permitido un crecimiento económico sostenido y ha atraído inversiones extranjeras significativas, destacándose como una potencia económica mundial. Sin embargo, este éxito se ha logrado a costa de graves violaciones de derechos humanos y la represión de las libertades civiles.
Rusia, bajo Vladimir Putin, ha mantenido un control centralizado y ha utilizado estrategias como la manipulación mediática y la represión política para conservar su poder. Aunque Rusia enfrenta sanciones internacionales y desafíos económicos, el régimen de Putin ha logrado mantener una estabilidad interna relativa y proyectar poder en la arena internacional, como lo demuestra la anexión de Crimea y la intervención en conflictos como el de Siria.
Estos ejemplos plantean una pregunta fundamental: ¿Es posible que las democracias plenas, con su enfoque en la equidad y la justicia, puedan ofrecer un éxito económico similar sin comprometer sus valores fundamentales? La respuesta a esta dicotomía no es sencilla. Las democracias promueven la justicia social, la equidad y la participación ciudadana, lo que crea un entorno inclusivo y diverso. Sin embargo, también enfrentan desafíos como la polarización política, la ineficiencia burocrática y las dificultades para implementar reformas a largo plazo debido a los ciclos electorales.
Paradojas en ambos lados
En este contexto, la crisis de la democracia se hace evidente, con un aumento de la polarización y la desconfianza en las instituciones democráticas. La capacidad de las democracias para equilibrar la justicia social y el crecimiento económico es puesta a prueba continuamente. En contraste, los regímenes autoritarios, con su capacidad para implementar políticas a largo plazo sin oposición significativa, pueden lograr un crecimiento económico más rápido y estable, aunque a costa de los derechos y libertades individuales.
Para quienes estamos del lado del desarrollo económico y del respeto al estado de derecho, me pregunto si realmente debemos sacrificar nuestros principios democráticos en pos de un crecimiento económico más rápido y estable. La fortaleza de una democracia radica en su capacidad para adaptarse y mejorar, asegurando que los derechos y libertades individuales sean respetados mientras se persigue el desarrollo económico.
Para quienes tenemos que tomar decisiones estratégicas en un negocio, la lectura de los diversos escenarios es fundamental. Expertos aseguran que son precisamente las amplias brechas económicas y sociales las que están entregando un poder político desmedido a grupos radicales que prometen eliminar dichas desigualdades, aunque el costo podría incluir la incertidumbre legal, una moneda de cambio de alto valor para los sectores empresariales.
La reflexión sobre esta dicotomía es vital para asegurar un futuro donde la prosperidad económica y la justicia social no sean mutuamente excluyentes, sino componentes integrales de un desarrollo sostenible y equitativo. Esta es la pregunta que debemos hacernos como individuos, como empresarios y como sociedad, si lo que queremos es lograr compromisos con un desarrollo inclusivo y justo para todos.